Una mirada Especial a las misiones:
En Venezuela al igual que en muchos países de la región, se evidencian notas de precariedad, al observarse trabajadores, que prestan sus servicios sin ninguna regulación normativa y desprovista de seguridad social. Igualmente, los escasos salarios por debajo del mínimo legal y los niveles educativos ponen al trabajo independiente en relación con la desocupación.
Consecuencialmente la informalidad y las situaciones de precariedad, son factores que desdibujan el alcance de la protección social. Y las formas en que se manifiestan, alcanzan los contratos atípicos del derecho laboral en las modalidades de trabajo a tiempo parcial, contrato para una obra determinada, eventual, contrato de trabajo intermitente o a prueba; y así como el propio contrato típico de trabajo.
Ante todas estas situaciones, el gobierno de turno, ha girado sus políticas, hacia grandes programas sociales como lo son las misiones, el cual las mismas están impregnadas de un fuerte contenido social inclusivo y de participación directa de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo en los estratos mas jóvenes, considerando que generalmente son los que tienen menores niveles educativos y que normalmente no cuentan con diversas alternativas laborales, por lo tanto tampoco tienen ciertas ocupaciones de baja productividad e ingresos, en comparación con la necesidad de generar ingresos familiares a causa de su contexto familiar.
Sin embargo, para muchos sectores políticos del país, al calificarlos como medidas de acción cívico-militar, que están aisladas de las estructuras estatales existentes que tienen igual competencia en materia de salud, educación, infraestructura y empleo, convirtiéndose las misiones en conjunto de asignaciones económicas a personas incorporales que no solo han exigido recursos del Estado, sino esfuerzo movilizador de instituciones que no fueron creadas como instituciones de masa.
En Venezuela al igual que en muchos países de la región, se evidencian notas de precariedad, al observarse trabajadores, que prestan sus servicios sin ninguna regulación normativa y desprovista de seguridad social. Igualmente, los escasos salarios por debajo del mínimo legal y los niveles educativos ponen al trabajo independiente en relación con la desocupación.
Consecuencialmente la informalidad y las situaciones de precariedad, son factores que desdibujan el alcance de la protección social. Y las formas en que se manifiestan, alcanzan los contratos atípicos del derecho laboral en las modalidades de trabajo a tiempo parcial, contrato para una obra determinada, eventual, contrato de trabajo intermitente o a prueba; y así como el propio contrato típico de trabajo.
Ante todas estas situaciones, el gobierno de turno, ha girado sus políticas, hacia grandes programas sociales como lo son las misiones, el cual las mismas están impregnadas de un fuerte contenido social inclusivo y de participación directa de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo en los estratos mas jóvenes, considerando que generalmente son los que tienen menores niveles educativos y que normalmente no cuentan con diversas alternativas laborales, por lo tanto tampoco tienen ciertas ocupaciones de baja productividad e ingresos, en comparación con la necesidad de generar ingresos familiares a causa de su contexto familiar.
Sin embargo, para muchos sectores políticos del país, al calificarlos como medidas de acción cívico-militar, que están aisladas de las estructuras estatales existentes que tienen igual competencia en materia de salud, educación, infraestructura y empleo, convirtiéndose las misiones en conjunto de asignaciones económicas a personas incorporales que no solo han exigido recursos del Estado, sino esfuerzo movilizador de instituciones que no fueron creadas como instituciones de masa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario